Seguridad Vial
Tomemos conciencia, el compromiso y la responsabilidad es de todos La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo tercero establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Todo individuo que ha sido afectado por un siniestro de tránsito ve sistemáticamente lesionadas estas prerrogativas. Se enfrenta con un acto de violencia que afecta su derecho a la salud, a su integración social y, lo que es peor aún, su derecho a la vida. La violencia en el tránsito es una verdadera enfermedad social; es un problema grave donde no se trata de rehabilitar la salud dañada, sino de prevenir para que se pueda gozar plenamente ella.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que, cada año, en el mundo mueren 1,2 millones de personas por causa de choques en la vía pública y hasta 50 millones resultan heridos. Las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán en torno al 65% en los próximos 20 años. Por otra parte, la OMS, afirma que los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema creciente de salud pública que afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables de usuarios de la vía pública.
La sociedad toda, tantos públicos como privados, conocen la dimensión del flagelo de los accidentes de tránsito. Miles de vidas truncas, sueños y proyectos inconclusos, bajo las ruedas de automóviles, ómnibus, camiones, y otros vehículos. A los que hay que agregar los discapacitados para siempre, los heridos graves y los familiares directa o indirectamente afectados. No interesa el número si son 7.000 u 11.000 dependiendo del año, o de con cuanto tiempo posterior se sigue al accidentado para verificar luego de un período si ha perdido la vida, etc. Lo que sí realmente importa es comenzar a implementar medidas concretas, controles, penalidades, campañas educativas (ninguna aislada pero si todas ellas en conjunto) que bajen drásticamente el fenómeno en períodos cortos de tiempo: la vida de nuestra gente es la que está en juego.
Existen dos actores claves a la hora de determinar responsabilidades y acciones necesarias para disminuir la magnitud y el impacto de esta endemia social. Por un lado están los ciudadanos, es decir, nosotros, usted, yo, como actores directos en cada siniestro de tránsito y por otro lado el Estado como la institución que debe garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad en los espacios públicos, ambos imprescindibles para el desarrollo de una sociedad democrática.
El comportamiento de las personas y su actitud en el tránsito de rutas y calles responde fundamentalmente a reglas implícitas y explícitas que regulan su interacción y determinan un modelo de relación y convivencia social. En este establecimiento de reglas de comportamiento se opta permanentemente por un modelo de trato civilizado o un patrón de “ley de la selva” donde impera el más fuerte y hábil. En un estándar de coexistencia es importante la armonización entre los sistemas cultural, social y jurídico que cohabitan en la regulación del accionar de los diversos actores (automovilistas y peatones) en el tránsito vial, determinando aspectos y valores relevantes de la “Educación Cívica”.
Así como los ciudadanos tenemos responsabilidad en la elevada tasa de siniestros viales, es el Estado quien, ante la ruptura de las normas de convivencia que debieran regir en nuestra sociedad, tiene la mayor responsabilidad en generar las acciones necesarias para recrear un adecuado uso y comportamiento en los espacios públicos, evitando que nos rijamos por la “ley de la selva”. Es de vital importancia que el Estado explique el sentido de las regulaciones y el beneficio individual y social de su cumplimiento a través de campañas para lograr el respeto de las normas. No debería renunciar a su rol de garante del cumplimiento de las normas de tránsito y único responsable de sancionar a los infractores. Es necesario un cambio significativo en la cultura a fin de alcanzar metas razonables de reducción de los siniestros viales. Este es un desafío que puede y debe ser encarado en un marco de cooperación público- privado donde se involucren todos los actores sociales sin que ello signifique que el Estado deba renunciar ni transferir la responsabilidad de este cambio al sector privado.
La seguridad vial consiste en la prevención de siniestros de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre (colectivo, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta). Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización por parte del Estado y sin la moderación de las conductas humanas (particulares o colectivas) no es posible lograr un óptimo resultado. Se requiere la voluntad política a fin de encarar las soluciones a una problemática de larga data en nuestra sociedad, para así evitar estas muertes gratuitas.
Miguel Angel RizzaLic. en Ciencia Política
Mgter en Relaciones Internacionales
